jueves, 15 de abril de 2010

Egunkaria libre... siete años después

Una noche de Febrero hace siete años, atrapado en Baltimore por una monumental nevada – allí nieva de verdad- leía en la prensa digital de nuestro país como se cerraba el diario Euskaldunon Egunkaria. La acusación, que en ese momento histórico servía para casi todo, definía al medio de comunicación como un mero siervo de la banda terrorista ETA, como si las rotativas y las máquinas de escribir pudiesen cometer delitos, cuando todos sabemos que ése es un privilegio que nos hemos quedado en exclusiva las personas. Esa misma noche escribí un artículo opinando sobre el cierre del periódico, y siete años después vuelvo a hablar del tema. Tengo la misma opinión. La única diferencia es que hoy mi pensamiento está avalado por una sentencia de la Audiencia Nacional. En la España del año 2003, séptimo año triunfal, esas líneas me costaron no pocos disgustos y la pérdida de alguna amistad.




En aquellos días, cuando José María Aznar se paseaba por los ranchos de Texas dándole vueltas a la cabeza con su amigo Bush sobre la mejor forma de invadir países sin que la cosa llegase a escándalo, se vulneraron derechos fundamentales en suelo español. Se hizo a través de una instrucción judicial que ha sido vilipendiada por la sentencia de la Audiencia y, siete años después, los que fueron acusados gracias a esos folios han visto, por fin, limpio su nombre. Siete años en los que han sido considerados terroristas por buena parte de la población, y de la profesión.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia solicitaron penas de entre 12 y 14 años de prisión para los directivos del periódico Juan María Torrealdai, José María Auzmendi, Iñaki Uría, Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga. Una gran parte de la sociedad ya había dictado sentencia. Lo demás sería un trámite. De nada importó la opinión del fiscal, afirmando que el diario no había publicado en sus trece años de vida nada parecido a un texto que apoyase a ETA.

Para la Sección Primera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Javier Gómez Bermúdez, el cierre cautelar de un medio de comunicación “es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico” y “no tiene cobertura constitucional directa”. Siete años han tenido que pasar para que la obviedad se convierta en sentencia. El fallo del tribunal pone fin a una estrategia que demonizó  lo que se hablase, escribiese o pensase en euskera. A los tiempos de las cámaras ocultas en las ikastolas y la máxima de “todos son ETA“. Doctrinas simples de asumir para situaciones complicadas de resolver. Se ha convertido en un estilo de hacer política.

De lo escrito aquella noche, con cierta pasión, algo de jet-lag y no mucha reflexión, rescato este párrafo: “El destino de los periodistas, reporteros gráficos y demás personal de Egunkaria poco o nada le ha importado al juez instructor, aun cuando este tipo de medidas han de tomarse con excesiva cautela y causando el menor perjuicio. Uno se pregunta si hubiese sido posible, al menos, mantener una administración judicial del diario, para que éste hubiese podido seguir imprimiéndose y no se lesionase ningún derecho de los trabajadores. Pero la cruda realidad es que la propia existencia de un diario en euskara, reflejo de la cultura de un pueblo, es lo que realmente preocupa, no lo que ahí se escriba.”

Afortunadamente, la misma Audiencia Nacional de la que tantos hablan para pedir su desaparición, ha puesto las cosas en su sitio. De esto también conviene sacar alguna conclusión.


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