lunes, 20 de septiembre de 2010

La dictadura de las encuestas

Dentro de poco, los candidatos a los diferentes cargos públicos de los partidos políticos serán elegidos por empresas del estilo PricewaterhouseCoopers. Verdaderos expertos en lo suyo, que es casi todo. Parece el salto natural tras lo que ocurre en el Partido Socialista de Madrid (PSM), donde la opinión de la militancia va a ser relegada a un segundo plano para dejar paso a las omnipresentes encuestas, realizadas tanto a nivel interno como desde los medios de comunicación que han tomado parte en la batalla que se libra en el proceso de primarias que enfrenta a Tomás Gómez con Trinidad Jiménez.

Y es que parece mentira como, en un país como el nuestro, donde la historia de las encuestas es un valle de lágrimas creado por la terca manía de los votantes para ponerlas en evidencia, se sigue utilizando su argumento como un santo grial, última palabra, a la hora de tomar decisiones de tremendo calado. Si por encuestas se rigiese, sin otra alternativa, toda decisión en un partido o elección de un cargo público, probablemente Rosa Díez debería ser presidenta del gobierno, o Mariano Rajoy ya habitaría La Moncloa sin necesidad de saber lo que ocurrirá con los presupuestos del año que viene. Probablemente, en vez de Trinidad Jiménez, hubiese sido otro el que se enfrentase a Tomás Gómez. En definitiva, nos encontraríamos ante una realidad distinta.



Convertir un instrumento en dogma de fe suele terminar con importantes disgustos. En el propio Partido Socialista de Madrid conocen perfectamente lo que fueron pronósticos perfectos avalados por la demoscopia, que desembocaron en estrepitosas derrotas certificadas por la democracia. Darle a las encuestas todo el poder, para que planeen sobre un proceso electoral, ya sea interno o global, hará perfectamente prescindibles tanto a los militantes de los partidos como a los votantes en general. Porque, si las encuestas definen al “mejor candidato” ¿Qué necesidad tenemos de acudir a las urnas? Será mejor que entreguemos nuestro derecho a elegir representantes a una entidad pública formada por el habitual comité de expertos independientes, que designarán al “mejor candidato”, no ya para presentarse a una elección, sino directamente para gobernar. Si el aspirante reúne las condiciones objetivas necesarias, avaladas por la pertinente consulta vía telefónica a 500 elegidos al azar, ahorrémonos toda la maquinaría electoral que tanto dinero nos cuesta a los contribuyentes y no ocupemos tantos domingos en visitas a las urnas. Entreguémonos por completo al dictamen de unos pocos, mientras el resto contemplamos desde la barrera el gran juego de la democracia, reducido a la técnica del sondeo.
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