El Gobierno de Estados Unidos no disimula el enfado que corroe sus estructuras tras la gran filtración de sus cables diplomáticos auspiciada por Wikileaks, y ver sus documentos secretos publicados en algunos de los principales periódicos del mundo. Pese a ser definidos como “cotilleos”, sobre todo por los que no han podido imprimir en sus páginas la información, los ya famosos cables nos han dado una idea muy clara sobre la actitud de Estados Unidos respecto a multitud de temas, y confirmado en ocasiones lo que muchos conocían sobre las relaciones con el Ejecutivo español.
En medio del cabreo monumental de la administración Obama, un juzgado del estado de Virgina a solicitado a la red social Twitter información sobre varios de sus usuarios, supuestamente relacionados con la filtración de los documentos. Entre los investigados se encuentran el fundador de Wikileaks, Julian Assange, la diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir, Bradley Manning, soldado estadounidense actualmente en prisión acusado de robar dos vídeos de guerra y filtrar 50 cables del Departamento de Estado a la organización de Assange, el hacker holandés Rop Gonggrijp y el programador Jacob Appelbaum. Los dos últimos han trabajado para Wikileaks. El juzgado solicita a Twitter los nombres de usuario, direcciones, números de teléfono, grabaciones de las sesiones de usuario y su duración – lo que puede entenderse como los mensajes enviados a través de la red, incluidos los de carácter privado -, e información sobre pagos realizados para conocer cualquier número de cuenta o tarjeta de crédito de los investigados. Cuando un gobierno no sabe proteger sus propios secretos, ataca con saña los ajenos. Parece una venganza infantil. Si no hay secretos de estado, no los habrá de ningún tipo. Nadie podrá decir que tiene garantizada su privacidad, y volveremos a los tiempos en los que el vecino te denunciaba por comunista.
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